El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Marulanda, en medio de la sesión descentralizada del Senado que se lleva a cabo en el Atlántico, dejó en claro que la entidad no es la que define los límites en el conflicto que llevan Barranquilla y Puerto Colombia por el Corredor Universitario.

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El alto funcionario aseguró que es el Congreso de la República el que tiene la responsabilidad de definir estos límites a través de un proceso de deslinde, con el apoyo técnico del IGAC.

Anunció que en los próximos días la entidad dará apertura oficial, con un acto administrativo, del proceso de deslinde formal entre Barranquilla y Puerto Colombia.

Posteriormente, se surtirá una primera reunión en donde serán convocados los delegados de las diferentes alcaldías y otras administraciones involucradas en el asunto para definir el cronograma que se llevará a cabo.

Planteó dos escenarios que se puedan dar dentro de este proceso. El primero, es que las entidades territoriales lleguen a una conciliación y el segundo, más demorado, que no haya acuerdo y deban aportar todos los documentos en defensa de sus límites para que el IGAC adelante el estudio de los mismos.

“Ojalá pudiéramos lograr ese acuerdo consensuado, eso nos lleva por un camino mucho más simple, porque allí ya sale un acto administrativo de deslindes con mutuo acuerdo y simplemente el límite provisional entre las dos entidades se envía al Congreso para su ratificación”, explicó.

Ante la no conciliación, dijo, el IGAC abre nuevamente el proceso y en ese marco definen que las partes alleguen, durante los próximos tres meses, sus pruebas, testimonios y documentos adicionales.

Director del IGAC durante su intervención en la sesión descentralizada del Senado.Juan Pablo Mercado

“Nosotros luego de eso, durante seis meses, tendremos la posibilidad de hacer todo el estudio técnico de ese tipo de sustentos. Allí definiremos”, reiteró.

Señaló que debe definirse un límite transitorio mientras se define el provisional que será llevado ante el Congreso para su debate y aprobación.

“No podemos dejar un poco en el limbo las administraciones municipales ¿Quién invierte en este sector? ¿Cómo se invierte? ¿Quién toma las decisiones en el territorio? ¿A dónde van los comparendos que se imponen en este corredor? Ese tipo de cosas son muy importantes, hay que definirlas muy rápido en ese límite transitorio”, anotó.

El director del IGAC indicó que para este tema serán convocados los gestores catastrales de Barranquilla y Área Metropolitana, para el caso de Puerto, para definir este límite transitorio.

El proceso técnico del IGAC cuenta con un período de seis meses para ejecutarse y el límite provisional podría tardarse hasta un año para salir y aprobarse, dijo Marulanda.